Medardo Avila, de la Red Médicos Pueblos de Fumigados se reunió con familiares de las víctimas por el uso indebido de agroquímicos. La idea es avanzar en un informe epidemiológico, ante la masiva presencia de invernaderos en el ejido urbano de la localidad.

Días atrás se llevaron a cabo disertaciones en el hospital Vidal y la Facultad de Medicina de Corrientes, para abordar los efectos nocivos de los agrotóxicos en las poblaciones rurales. Las muertes de niños en Lavalle, fueron el epicentro de las charlas a cargo de Medardo Avila Vázquez, Coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien se reunió con familiares de las víctimas y recopiló datos para avanzar en un informe epidemiológico de la zona.

El trabajo del médico se suma además a iniciativas de organizaciones como Guardianes del Iberá y la Mesa de Gestión de la parroquia de Lavalle, que intentan presionar para que la Justicia se expida a propósito de dos muertes: José Carlos Rivero, recaída en el Juzgado de Instrucción I de Goya y Nicolás Arévalo, en el Juzgado Nº2.

Se trata de niños fallecidos en 2011 y a principios de este año, en las cuales se comprobó la incidencia de productos clorados y fosforados.

“Estuvimos en la zona y la verdad es alarmante la presencia de las tomateras en el ejido urbano, las historias de contaminación son impresionantes. Acá hay una Ley Ambiental que no se está cumpliendo y que nos convoca a realizar un informe sanitario”, dijo a época Ávila, médico pediatra que integra la Red Médicos de la Universidad Nacional de Córdoba y Rosario.

En el marco de la llegada de Ávila a Corrientes, se realizó la reunión en la parroquia del pueblo, donde participaron miembros de la Mesa de Gestión, concejales de Santa Lucía y Goya, el abogado de Infancia Robada en Lavalle, Julián Segovia (asesor legal de las familias afectadas) para generar acciones que permitan a mediano y largo plazo un cambio en el modelo productivo local, y en lo inmediato, avances en las causas de los menores.

“Es fundamental que se generen campañas, quizás no a través de las marchas, pero sí con la llegada de camaristas que participaron del juicio en Ituzaingó (barrio de la ciudad de Córdoba)”, sostuvo por su parte Segovia.

El abogado se refirió así a la lucha que llevaron a cabo las Madres de Ituzaingó, que en 2004 habían denunciado el impacto de herbicidas y plaguicidas en más de un centenar de niños. Por los casos, la Cámara I del Crimen en dicha provincia, aplicó la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051), cuyo Artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos agroquímicos) “contaminaren” de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.

Durante ese juicio, se comprobó que sobre 142 chicos, en 114 se registró contaminación por incidencia de agroquímicos. Fueron dos los condenados a tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para fumigar.

Lunes, 10 de septiembre de 2012