El exvicepresidente Amado Boudou, el exfuncionario del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y el exintendente de Itatí, Natividad Terán se presentaron como posibles víctimas en la causa que ahora instruye el juez Juan Pablo Augé. Es por el espionaje clandestino en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

El exvicepresidente Amado Boudou; el exsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y el exintendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Terán hicieron una presentación a través de sus abogados como posibles víctimas en la causa que ahora instruye el juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Es por el espionaje clandestino en el penal de Ezeiza, a donde estuvieron detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri. También reclamaron acceso al expediente en el que el magistrado Federico Villena había ordenado las escuchas al narco Mario Segovia. Esa investigación fue el paraguas legal que se utilizó para espiar las conversaciones de los detenidos con sus familiares y defensores.

En una presentación formal ante el juzgado de Augé y otra ante Villena, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort reclamaron acceso a los expedientes y evalúan la posibilidad de presentar a sus clientes como querellantes. Es porque Boudou, Baratta y Terán estuvieron presos en los pabellones del módulo 6 de Ezeiza, a donde la Justicia ya determinó que la banda de espías y agentes penitenciarios había colocado un "alambrado" para escuchar y grabar las conversaciones de los denominados "presos k".

El espionaje clandestino a Roberto Baratta mientras estaba detenido fue emblemático. Conversaciones con su abogado de entonces, Juan Pablo Alonso y con su propia hija fueron difundidas por los medios masivos de comunicación. Desde la cárcel, el ex funcionario escuchó por televisión su propia voz, en esos diálogos que debían haber sido privados y que fueron obtenidos desde los teléfonos públicos del penal. Los nueve aparatos de los pabellones donde funcionaba el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) habían sido intervenidos con la excusa de vigilar los pasos del denominado "Rey de la Efedrina", por una posible fuga. Con ese paraguas legal es que todos los ex funcionarios y empresarios fueron espiados.

En el caso de Boudou y de Terán no se difundieron conversaciones. Sin embargo, utilizaron esos teléfonos que fueron pinchados, por lo que están convencidos que sus charlas con abogados/as y familiares fueron interceptadas, es decir, que también fueron víctimas del espionaje ilegal durante de la gestión de Mauricio Macri. Por ese motivo es que sus abogados reclaman el acceso a las causas y, eventualmente, ser querellantes.

El cuestionamiento central de los ex funcionarios es que se escuchaban todas sus converesaciones, algo que es totalmente violatorio del derecho a la intimidad y a la defensa. Por eso quieren saber, entre otras cosas, las justificaciones precisas que hubo para la intervención de los teléfonos dispuesta en su momento por el juez Villena.

Según recuerda uno de los escritos "uno de los casos que quedó en la mira fue el de Mario Segovia, un narco detenido hacía varios años del que se sospechaba que podía fugarse. En el año 2017, Villena ordenó escuchas en su pabellón y en septiembre de 2018 amplió las escuchas a otros tres pabellones donde ya estaban alojados los nuevos detenidos del IRIC. Las escuchas pasaban a la AFI por orden del juzgado y eso alentó en ese momento las sospechas de las filtraciones”. Según recuerda la presentación, “los ex funcionarios y empresarios estaban detenidos principalmente en los pabellones C y D, pero también algunas veces en el A o en el B”; y a esos detenidos siempre les llamó la atención que sumaran dos o tres narcos, algunos de ellos muy pesados, como Mario Segovia". La sospecha es que alojaban narcotraficantes dentro del Iric para usarlos como excusa para espiar al resto, en muchos casos con fines extorsivos y para direccionar sus declaraciones en causas judiciales.

Los escritos presentados en Lomas por Rúa y Peñafort destacan la denuncia realizada por ellos mismos ante la ONU, a partir de la cual el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, había afirmado que "los abogados deben poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones" y que "los abogados deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional establecida, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte”.

En caso de constatar que Boudou, Baratta y Terán fueron efectivamente víctimas de las maniobras del grupo de espías conocidos como Súper Mario Bros pedirán ser querellantes en la causa que tiene en vilo a las máximas figuras del gobierno de Cambiemos.


Tras el terremoto que provocó el cambio de juez en el expediente que investiga el espionaje ilegal macrista, la investigación retoma su curso y la fiscalía busca darle continuidad a lo actuado hasta ahora.

Mientras todos los detenidos (menos Alan Ruiz) fueron excarcelados, cinco indagatorias habían quedado en suspenso tras el desplazamiento del juez Federico Villena el pasado viernes por la mañana. La extensa ronda de declaraciones de los espías se retomará este martes, ahora a expensas del juez Juan Pablo Augé, quien delegó todo el expediente en la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide.

Este martes será el turno de Guillermo Matta. A las 11 deberá comparecer Jonathan Nievas y a las 14, Dominique Lasaigues. Mientras que el miércoles serán indagados Javier Bustos y el exfuncionario de Patricia Bullrich que luego pasó a cumplir funciones en la AFI, Alan Ruiz. Este último --indicado como uno de los jefes de la organización-- ya estaba detenido por el caso del espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de Cristina Kirchner, causa por la cual la fiscalía pidió su procesamiento.

Martes, 7 de julio de 2020