Los fiscales que investigan el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner pidieron la indagatoria del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y de la ex número dos del organismo, Silvia Majdalani.

De esta manera, el “señor 5” y la “señora 8” quedaron imputados en la causa en la que se investigan específicamente los seguimientos y actividades de inteligencia que se hicieron sobre el Instituto Patria y la vivienda en Uruguay y Juncal de la ex presidenta y actual vicepresidenta durante 2018, con la increíble excusa de que grupos anarquistas querían atentar contra ella. Ahora tiene que resolver el juez Juan Pablo Augé si hace lugar a la citación.

La fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tiene delegada la investigación del espionaje a CFK, y ahora también la megacausa con múltiples víctimas de la que fue apartado el viernes último el juez federal Federico Villena, ya que él mismo había autorizado algunos de los seguimientos que ahora están en tela de juicio. En ambos expedientes, la hipótesis es que se violó la Ley de Inteligencia porque se hicieron tareas de seguimiento por razones políticas, o ideológicas, de pertenencia partidaria o a determinadas organizaciones, y en ciertos casos por razones económicas. Además del pedido de indagatorias contra las máximas autoridades de la AFI, la fiscalía pidió la de Martín Coste, último jefe de Contrainteligencia del organismo, y el procesamiento de Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la central de espías, el primero en quedar detenido precisamente en este expediente.

Según la imputación que la fiscalía formuló al tomarle declaración indagatoria a Ruiz, Arribas y Majdalani habrían dado la orden de hacer inteligencia ilegal o cuanto menos la consintieron. Coste dirigía el área que debía ocuparse de eso y Ruiz la que debía concretar la maniobra. Las personas convocadas por este último para hacer el trabajo concreto no fueron citadas aún. Era un grupo al que llamaban “los externos”, algunos de los cuales ya trabajaban en la AFI, y cuyos nombres son conocidos ya: Emiliano Matta, Leandro Araque, Facundo Melo, Mercedes Funes Silva, Jorge “el Turco” Sáez, su hija Belén, Daiana Buky Baldasarre y Denise Aya Tenorio. Luego Ruiz les asignó tareas a otros agentes de carrera. Recibió, al parecer, algunas quejas por tratarse de tareas de espionaje político, pero en esas circunstancias explicaba que era “una orden directa de la 8”, Majdalani, y que había “cobertura legal”.

A comienzos de agosto de 2018 quienes integran el Instituto Patria advirtieron la presencia de dos autos que vigilaban de manera constante la cuadra y la entrada a sus oficinas. Eran vehículos de la AFI, según se constató. Hubo una denuncia de Oscar Parrilli que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien terminó aceptando las explicaciones de las autoridades de la AFI: que había existido una alerta terrorista, que se le avisó al juzgado en el contexto de una causa sobre posibles fallas de seguridad en la Cumbre del G-20 y los Juegos olímpicos de la juventud. Lo insólito es que se alegaba una alerta de posible ataque contra una ex presidenta y se la empieza a vigilar sin avisarle, algo que se supone que se debía hacer si la estaban cuidando.

Según declararon testigos de identidad reservada, tal alerta no existía ni había ninguna amenaza de ataque terrorista o bomba. “La orden de Ruiz, dirigida a los agentes, fue la de observar” en el Instituto Patria y la casa de CFK “Si llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero”, según la imputación. “Tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificada, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por el G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud”, sostiene la fiscalía. Los informes de espionaje ilegal se hacían en llamada “sede 95” de la AFI y era entregado a Ruiz. “Se hacían una vez por día. Al principio se mandaban fotos también, adjuntadas. Tales documentos eran entregados por Ruiz a Silvia Majdalani, en la oficina central de la agencia, en 25 de mayo 11”, afirma la imputación de esta causa.

Los fiscales Incardona y Eyherabide sostienen, además, que “un grupo de funcionarios de alta jerarquía de la Agencia, intentaron darle apariencia de legalidad” a esas operaciones cuando fueron denunciadas, después del 7 de agosto de 2018. Introdujeron datos falsos en la causa judicial que tramitaba Villena, en la que quedó a cargo de Martínez de Giorgi y también ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, señalan Incardona y Eyherabide. La imputación de los fiscales recuerda que algunos de esas presentaciones tuvieron la firma de Arribas y Majdalani, que dijeron que efectivamente había tareas de inteligencia en curso.

La causa de Villena se había abierto en octubre de 2017 por iniciativa de la propia AFI con supuestas alertas terroristas que no tenían ninguna explicación. Evidentemente era una causa que se utilizaba como base para espiar ilegalmente, con o sin conocimiento del juez, eso no está claro aún. Pero lo cierto es que con ese expediente la AFI tuvo acceso a todas las cámaras del aeropuerto de Ezeiza, de toda la Ciudad de Buenos Aires y al teléfono 911. La sospecha que el espionaje a CFK no había empezado en agosto sino mucho antes, quizá a comienzos de 2018. En el expediente hay pruebas de un mes de seguimientos.


El 5 de octubre de aquel año, con una nota de José M. Padilla, la AFI presentó ante Villena un informe que aludía a hechos supuestamente detectados en julio: “El día 30 de julio se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra (de Cristina Fernández de Kirchner), con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir sus ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y aprovechando la exposición mediática que había en ese momento sobre la funcionaria (…) en ese sentido se llevaron a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad de que se lleven adelante las acciones en cuestión…” El informe también decía que “luego de realizado el debido análisis se pudo descartar el real riesgo de l indicio de estudio”.

Esto es parte de lo que dejaría a la vista que era todo un armado para hacer seguimientos a la ex presidenta. Alan Ruiz admitió el espionaje pero lo defendió. Cuando le preguntaron si era experto en terrorismo, reconoció que no, que tampoco estaba entre sus tareas. Ruiz era muy cercano a Majdalani. Tanto ella como Arribas podría aparecer comprometidos en el espionaje y en su intento de legalización. La denuncia que dio origen a esta causa, presentada por la interventora de a AFI, Cristina Caamaño, pedía ya sus indagatorias, y también la de Mauricio Macri, como responsable de la política de inteligencia del país.

La violación a la ley de inteligencia tiene un horizonte de 3 a 10 años de prisión. Lo que surgió en la pesquisa sobre CFK podría ser un anticipo de lo que le espera a la causa más grande, donde hay una veintena de querellantes, entre ellos también aliados del propio Mauricio

Martes, 7 de julio de 2020