Un lavadero y una con­cesionaria de autos eran las pantallas que utilizaba una banda de narcopolicías para blanquear el dinero que ob­tenían de la venta de estu­pefacientes y de los cobros por protección a organiza­ciones narco.

Estos numerarios además daban préstamos de dinero por fuera del mercado legal, y comercializaban vehícu­los que inscribían a nombre de sus parejas.

Los líderes de esta banda eran los ex policías Abe­lardo “Martillo” Acevedo y Jorge Omar Romero alias “Ñoqui”, quienes se des­empeñaban en el área de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Co­rrientes y hasta habían for­mado parte de la custodia del Poder Ejecutivo.

Contaban con la colabora­ción de sus parejas, Veróni­ca Orué y Elsa Domínguez, respectivamente; del gestor Jorge Victoriano Gómez y de su sobrino Martín Gómez.

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Itatí está a 68 kilómetros de la Capital y cuenta con más de 6500 habitantes.
Todos ellos son juzgados en el Tribunal Oral Federal de Corrientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado por ha­berse cometido en banda y aguardan sentencia.

Independientemente de estas acusaciones, se avan­zaría en investigaciones por su posible participación en actividades de narcotráfico.

CUSTODIA A LOS NARCOS

Los ex policías provin­ciales Acevedo y Romero, sospechados de lavar dine­ro, se habían desempeñado como investigadores en un área sensible de la fuerza de seguridad que les permitía obtener datos precisos res­pecto de las organizaciones criminales que operaban en la provincia.

Esto les facilitaba tener contacto con las bandas cri­minales a las que les cobra­rían un canon a cambio de darles protección.

Estos supuestos acuer­dos surgieron de la causa del Operativo Sapucay, en la que la Procuración de la Narcocriminalidad inves­tigó el tráfico de estupefa­cientes desde la provincia de Corrientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y otras siete jurisdic­ciones.

La causa lleva el número 3.002/2017 y está tramitada en el Juzgado Federal y Co­rreccional 12 de la Caba.

En ese expediente se iden­tificó a los líderes de tres bandas criminales que ope­raban desde Itatí. Se trata de Luis “El Gordo” Saucedo, ac­tualmente prófugo; Carlos “Cachito” Bareiro y Federico Sebastián “Morenita” Ma­rín, todos ellos actualmente procesados y a la espera de ser juzgados.



En el contexto de esas in­vestigaciones, un testigo de identidad reservada afirmó que los narcos “arreglan con Martillo, jefe de la Brigada de la Policía de Itatí; si no hay torta no pasan y por eso tienen que pagarles, para que los dejen vender droga”.

Estas afirmaciones fueron reforzadas por otro involu­crado en la causa del Ope­rativo Sapucay, el abogado Omar Serial, quien actual­mente está detenido y a la espera del juicio por sus su­puestas vinculaciones con las bandas narco itateñas. Éste había declarado que “Martillo era un empleado de la Brigada de Investi­gaciones de Corrientes” y ahondó en detalles al decir que “Martillo es Bernardo Acevedo”.

La sospecha es que los ex policías recibirían por parte de los narcos importantes montos de dinero y carga­mentos de estupefacientes como pago por la protec­ción.

MECANISMOS ACEITADOS

La organización dirigida por los ex policías comenzó a ser investigada en 2014, cuando la Policía Federal investigaba cómo operaba una organización de narco­tráfico instalada en Itatí. El seguimiento a una camio­neta Toyota Hilux los llevó a una casa en construcción ubicada en la calle Suecia casi Ruta Nacional 12, en el barrio Pirayuí de esta Capi­tal, que estaba custodiada por un vigilador. El roda­do ingresó al lugar, estuvo unos minutos y se alejó.



Los efectivos federales se entrevistaron con el hom­bre, quien reveló que el conductor del vehículo ha­bía dejado unos paquetes en el predio. Minutos después el rodado fue interceptado a pocas cuadras y estaba con­ducido por Martín Gómez.



El 1 de octubre de ese año se allanó ese predio con una orden del juez federal Juan Carlos Vallejos. En el lugar hallaron 412 kilogramos de marihuana acondicionada en envoltorios empapa­dos con grasa de motor y combustible para ocultar el olor. También había droga oculta entre las chapas de una camioneta Volkswagen Saveiro y de un Volkswagen Gol. En ese lugar también hallaron folletos en los que se ofrecían préstamos de di­nero sin trámites engorro­sos y documentos a nombre de Martín Gómez, quien fue procesado en la causa 5.058/2014 por el delito de narcotráfico.



Las averiguaciones por este hecho quedaron para­lizadas hasta 2016, cuando los federales avanzaron en una averiguación por acti­vidades de tráfico de drogas desde Corrientes a Resis­tencia y en la que descu­brieron que la organización criminal operaba de noche en un lavadero de autos ubicado en la calle Tacuarí al 1700 del barrio Villa Chi­quita. Un grupo de efectivos federales instaló un puesto de vigilancia en ese lugar a fin de identificar a los invo­lucrados en las actividades.

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Además del narcotráfico la falta de generación de empleo es otra problemática en Itatí.
En la noche del 12 de abril de 2016 vieron que una camioneta Ford Ranger entró al local del lavadero. Cuando salió, los policías intentaron identificar a los conductores, pero éstos aceleraron para escapar. Un móvil policial les cerró el camino y los sospecho­sos dispararon una ráfaga de balas contra el vehículo, pero luego retrocedieron al ver que desde atrás avanza­ban dos policías en motos.

El conductor de la camio­neta embistió a la motoci­cleta, pero antes del impac­to los policías lograron sal­tar del rodado. El utilitario pasó por encima de la moto, giró hacia una calle lateral y se alejó.

Esto dio origen a la cau­sa 1.661/2016 por tráfico de drogas y atentado contra la autoridad pública.

Por otra parte, mientras se intentaba dar con la ca­mioneta Ford Ranger, que fue hallada después, se alla­nó el local en el marco de la operación “Lavadero Ver­de”. Ese 13 de abril la Policía Federal halló enterrados en ese predio 400 kilogramos de marihuana, armas y fo­lletos con números telefó­nicos de contacto en los que ofrecía dinero, además una motocicleta a nombre de Martín Gómez. El local, per­teneciente a un ex oficial de la Policía de Corrientes era alquilado y el garante de esta operación era Abelardo “Martillo” Acevedo.

Estos folletos llevaron a la conclusión de que la banda prestaba dinero provenien­te del narcotráfico.

Las intervenciones a lí­neas telefónicas y los segui­mientos a Gómez y Aceve­do llevaron a descubrir las operaciones de lavado de activos y lograron estable­cer que la organización ope­raba en el estacionamien­to del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

Ese día se concretaron cinco allanamientos, en los que detuvieron a los involu­crados y secuestraron gran cantidad de armas.

Lunes, 10 de junio de 2019