En ese marco, Camaño sostuvo: “Estamos iniciando una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto 27, fijado el 10 de enero por parte del Poder Ejecutivo.

En relación al DNU, precisó: “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia.

Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio”.

En esa línea, aseguró: “Hoy vinimos a cuestionar el DNU. El Ejecutivo tiene que aprende a gobernar en democracia, no vamos a permitir que gobiernen por decreto. En su propia redacción establece que al momento de la publicación entra en vigencia, que sería el 11 de enero. Ya se están instrumentando acciones con un decreto que es ilegal”.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Arroyo sostuvo: “Esto es un retroceso para la democracia. Se permite embargar la cuenta a sueldo, que se utilicen fondos del ANSES de manera que beneficia al sector privado. Esto hay que debatirlo en el ámbito del congreso”.

José Ignacio de Mendiguren, en tanto, manifestó: “En el tema productivo este decreto impacta en forma directa en el nivel de actividad de la pequeña y mediana empresa”.

Por último, Marco Lavagna sostuvo: “Pedimos la nulidad del DNU 27 porque creemos que es un retroceso para la República, un retroceso del ejecutivo que abusa de la utilización de los decretos.

Miércoles, 24 de enero de 2018