La Justicia Federal condenó en Corrientes a cinco sujetos culpados de haber integrado una banda dedicada al narcotráfico de marihuana. Los hombres fueron detenidos por Gendarmería y la Policía Federal por el transporte de más de ocho toneladas del estupefaciente.

Las penas más duras dispuestas por el Tribunal Oral fueron de 14 años para los líderes del sindicado clan narco.


Las penas más duras fueron para Juan Marcelo Seivane y Gabriel Darío Leal, sindicados como la cabeza de la banda delictiva. Se los condenó a 14 años de prisión y una multa de 12 mil pesos.

En tanto que Rafael Gauto, colaborador de Seivane, fue sentenciado a 12 años y 8 mil pesos de multa.

Los choferes de las camionetas detenidas durante los procedimientos, Elías Riquelme y Juan Isidro Galarza, tuvieron dos sanciones distintas: el primero deberá cumplir 7 años de prisión más una multa de 3 mil pesos, mientras que el otro una pena de 4 años de cárcel por delante, y tendrá que pagar 2 mil pesos.

Cabe recordar que el juicio se inició el 1 de septiembre en el recinto ubicado por calle Carlos Pellegrini 971. El tribunal estuvo formado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Cerolini.

Los delitos de los que fueron encontrados culpables los cinco sujetos fueron contrabando agravado por el número de partícipes y por la cantidad de estupefaciente y transporte de estupefaciente agravado por el número de partícipes. Ambos delitos tienen penas máximas de hasta 36 años de prisión. Durante el proceso judicial, la defensa planteó una serie de nulidades, entre ellas que “el fiscal requiriente no participó desde el inicio de las actuaciones”, es decir, el Ministerio Público no instó la acción penal. También se cuestionaron las intervenciones telefónicas que se realizaron en la etapa de instrucción. El patrocinante de Seivane y Leal, Jorge Barboza, expresó a la prensa tras el inicio del juicio que no hubo una investigación previa de Gendarmería antes de solicitar las intervenciones de teléfonos, por lo que “primero se escuchó y después investigó”.

Además, los abogados de los cinco imputados cuestionaron que en el auto de elevación de la causa a juicio “no se describe la conducta delictiva de cada uno de los acusados”. Sin embargo, los planteos de nulidad fueron rechazados en su totalidad, por lo que el defensor de Seivane y Leal insistió en que la calificación legal del hecho no era correcta, aunque el tribunal nuevamente no dio lugar al planteo.

Barboza adelantó a época que realizará la correspondiente apelación ante la Cámara de Casación, aunque debe esperar hasta después del 22 de septiembre, día en que serán leídos los fundamentos del fallo. De allí, el patrocinante tendrá un plazo de 10 días para presentar el recurso. En tanto, los condenados quedaron en condición de procesados sin sentencia firme hasta que se disponga la ejecutoria, es decir, el documento público que confirme la decisión del tribunal.

Cómo se inició la investigación
El caso se inició tras el hallazgo de 4.870 kilos de marihuana transportados en un camión el 24 de abril de 2013. El estupefaciente fue encontrado en un operativo realizado en la localidad de Ituzaingó y del cual participaron efectivos de la Policía Federal. Según se señaló, el rodado partió de Misiones con Buenos Aires como destino final. El cargamento iba acondicionado en varias bolsas y fue valuado en más de 5 millones de pesos.

Tras detener al conductor, los cuantiosos “ladrillos” fueron contados en la Costanera de la ciudad de Corrientes. La imagen fue memorable para la ciudadanía, ya que los “panes” fueron enfilados a lo largo de casi toda una cuadra.

Por el hecho, además hubo tres gendarmes misioneros detenidos preventivamente, aunque luego fueron liberados por falta de mérito.

Luego del mencionado secuestro, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) inició la investigación y el 3 de julio de ese año halló otros 3.300 kilos de cannabis sativa en un procedimiento en el que también detuvo a cuatro personas más. Esta vez en Itá Ibaté.

Gendarmes detenidos
Por el hecho además hubo tres efectivos de GNA que fueron aprehendidos preventivamente en Misiones, acusados de integrar la mencionada banda. Los agentes estuvieron tras las rejas cerca de 90 días, aunque luego fueron liberados por falta de mérito.

Hasta el día de sus detenciones, los liberados prestaban servicios en el Escuadrón XI de San Ignacio y durante el tiempo que duró el arresto ocuparon una celda en el Escuadrón IX de Oberá.

Uno de los gendarmes que fue involucrado acusó ante la prensa que sufrió un castigo por pretender denunciar un manejo poco claro de los superiores en San Ignacio. “Días antes de ser detenido había llamado a un ex jefe que está en Salta para comentarle algunas cosas que noté en varios procedimientos y que no me parecían correctas, lo que derivó en una injusta persecución”, indicó.


Miércoles, 16 de septiembre de 2015