Kicillof sostuvo durante su exposición en un plenario de comisiones de Diputados que el Estado no busca "meter en la cárcel a ningún empresario" y que la reforma persigue el interés de defender "a los más débiles".

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dio dictamen a los tres proyectos de ley que componen el paquete de normas de defensa del consumidor y el usuario que impulsa el gobierno nacional. Así, las iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado y que apuntan a crear un fuero especial de defensa del consumidor, un observatorio de precios e introducir modificaciones a la ley de Abastecimiento sancionada en 1974 serán debatidas este miércoles en el recinto y podrían convertirse en ley.

De la reunión de comisiones participaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Comercio, Augusto Costa y el secretario de Justicia, Julián Álvarez que dieron detalles y respondieron preguntas de los legisladores. También participaron representantes de cámaras empresarias y titulares de asociaciones de defensa del consumidor.

En ese marco el titular de Hacienda aseguró que "al Estado no le hace falta meter en la cárcel a ningún empresario", en referencia a las modificaciones propuestas para la ley de Abastecimiento. Y agregó: "Eliminamos la figura del arresto y el allanamiento. Lo hicimos nosotros, ¿y nos vienen a decir que queremos perseguir a los empresarios?".

El objetivo de la medida, subrayó el ministro, es "regular a los capitales con poder monopólico y con capacidad de abuso sobre los consumidores y pequeñas empresas".

En relación al paquete de medidas sobre los consumidores, Kicillof señaló que "los países mas modernos del mundo tienen instrumentos para hacer cumplir los derechos de los consumidores", a la vez que pidió no creer en "fantasmas", en relación a las críticas vertidas hacia los proyectos. "No hay ningún Estado que venga a fijar rentabilidades. La economía ha andado bien con la libre empresa, queremos perseguir abusos", puntualizó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, negó que el paquete de leyes implique un conflicto entre el sector empresarial y el gobierno nacional, sino que " la discusión era por evitar que el Estado cuente con instrumentos para evitar el abuso del capital concentrado. Todo parecía ser una pelea entre gobierno y empresarios cuando era entre corporaciones y consumidores".

"Lo que nos facturan los empresarios que representan a las grandes corporaciones es que no plebiscitamos el proyecto con ellos antes de enviarlo al Congreso", subrayó.

Ante la presencia de una cincuentena de empresarios y del secretario de Comercio, Augusto Costa, las comisiones debaten los proyectos, y buscarán dar dictamen para que el miércoles, en sesión especial, los diputados traten el proyecto definitivo para su eventual sanción. La oposición en bloque se manifestó en contra de la iniciativa y la votación será reñida, pero se descuenta que el kirchnerismo con sus aliados logrará convertirla en ley.

Las comisiones involucradas son: Asuntos Constitucionales (presidida por Diana Conti, FPV); de Comercio (por Alex Ziegler, FPV); de Justicia (Graciela Giannettasio, FPV); de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Patricia De Ferrari, UCR); y de Presupuesto y Hacienda (Roberto Feletti, FPV).

El proyecto probado por el Senado, que incluyó modificaciones clave del oficialismo que cedió ante algunos reclamos de los empresarios, establece:


La autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo puede "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".
En caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa habrá el pago de una compensación "justa y oportuna".
Finalmente, se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley "siempre que no detenten una posición dominante en el mercado".
La autoridad de aplicación deberá requerir "previamente autorización judicial" para aplicar sanciones como la "inhabilitación especial" o la "clausura temporal".
La autoridad de aplicación podrá imponer una clausura inmediata de hasta tres días, sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.
Se consideró "inconveniente" obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.
El Observatorio Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

Miércoles, 17 de septiembre de 2014