Por Zoom, ante el juez Juan Pablo Augé, Araque intentó cuestionar la cadena de custodia de su móvil, pieza clave que mostró la actividad de la banda de agentes Súper Mario Bros. Los investigadores la consideran una obvia maniobra procesal.

El teléfono de Leandro Araque dejó al desnudo cómo operaban las bandas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. De allí surgieron pruebas sobre la vigilancia a Cristina Fernández de Kirchner, fotos de seguimientos a diputados oficialistas como Emilio Monzó o Nicolás Massot o de autos que participaban del espionaje contra el cuñado de Mauricio Macri, Salvatore Pica. Ese Samsung negro es una piedra basal de la causa de espionaje que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora. En una ampliación de su indagatoria, Araque, uno de los espías más activos del grupo llamado Súper Mario Bros, buscó apuntarle al corazón de la causa y sembró dudas sobre la custodia de su celular, en un intento por torpedear una investigación que no sólo recibe bombazos por parte de los imputados. En la misma jornada, el juez Juan Pablo Augé rechazó un intento de Comodoro Py de llevarse una parte troncal de la causa: el tramo sobre el espionaje en el Instituto Patria, por el que ya procesó a la cúpula de la AFI macrista.

“No tengo ninguna duda de que es una causa armada”, se victimizó Araque, que declaró este lunes por la mañana por Zoom. Araque transitó una estrategia similar a la desplegada por su amigo, el abogado Facundo Melo, durante la indagatoria que ofreció el viernes pasado, y, como había anticipado PáginaI12, sólo presentó un descargo lleno de críticas a la investigación, pero se negó a responder preguntas del juez y de los fiscales.

Araque es una pieza esencial en la investigación de Lomas de Zamora. Su teléfono es el que permitió a los investigadores seguirles los pasos a los integrantes de esa célula dedicada al espionaje político y que solía frecuentar la Casa Rosada. Según reconstruyeron los fiscales, Araque compartió, al menos, cinco grupos de WhatsApp con el resto de los espías, donde se pasaban el material que iban recolectando. El celular de Araque había sido secuestrado en marzo del año pasado en un allanamiento por una causa en la que estaba vinculada su esposa, una subcomisaria de la Policía de la Ciudad. El primer juez de la causa, Federico Villena, se enteró de su existencia y lo reclamó a un juzgado de Comodoro Py. En su estrategia de defensa, Araque apuntó a que la cadena de custodia del teléfono podría haberse visto alterada. “No tengo otra chance que desconocer ese teléfono y absolutamente todo el material que haya surgido de ahí”, deslizó.

Araque todavía integra la Policía de la Ciudad, desde donde salió en comisión en 2016 para integrarse a la AFI por recomendación de Jorge “Turco” Sáez, otro exespía que deberá presentarse este martes a ampliar su indagatoria. Para los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, Araque cumplía un rol similar al de Sáez dentro de la célula de la AFI, aunque de menor ascendencia. Era quien le daba las directivas al resto de los agentes que estaban encargados de los seguimientos o vigilancias sobre políticos, jueces, curas y todo aquel blanco que la AFI macrista designara.

La de Araque fue la segunda ampliación de indagatorias en una ronda que terminará el 9 de octubre con la presentación de Gustavo Arribas, exdirector general de la AFI, y que tendrá días antes a Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Faltan en total 22 indagatorias. Ése fue uno de los argumentos que esbozó el juez Augé para rechazar enviar un tramo de la causa a Comodoro Py -- como reclamó el propio Arribas y contó con el aval inicial del fiscal Carlos Stornelli--. Después de un fallo del camarista Mariano Llorens, la jueza María Eugenia Capuchetti le pidió a Augé que le mande el tramo sobre el espionaje en el Instituto Patria. Por esos hechos, ya están procesados Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz y Martín Coste.

La Cámara Federal de la Capital había sostenido que la causa debía tramitarse en Comodoro Py, un terreno más conocido y apacible para los exjerarcas de la AFI, siguiendo un criterio territorial: a Cristina Fernández la habían espiado en Ciudad de Buenos Aires y allí mismo tenía su sede central la AFI. Sin embargo, Augé también remarcó que las órdenes para espiar a Cristina partieron desde la base de Villa Martelli, donde operaba Ruiz, y que la AFI buscó darle apariencia de legalidad al espionaje en una causa que tramitaba en Lomas de Zamora. Augé dio intervención a la Cámara de La Plata, pero lo más probable es que la disputa termine aterrizando en la Cámara de Casación Federal.



Martes, 8 de septiembre de 2020