Un testigo convocado por la ex funcionaria macrista Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción jugó este lunes a favor de Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en el juicio por la obra pública vial de Santa Cruz.

Alejandro Alvarez, asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados desde 1994, es decir un funcionario de carrera especializado en las planillas de obras públicas viales y energéticas, explicó que todas las obras que se hicieron en el sur fueron votadas por el Congreso de manera normal, que no hubo incorporaciones irregulares de obras y que incluso las denuncias por atrasos fueron más comunes en otras provincias que en Santa Cruz. El control lo realizaba la Auditoría General de la Nación, pero también la comisión bicameral de Fiscalización de los Gastos del Estado que cada año aprobó, sin objeciones, lo hecho.

El juicio por la obra pública se inició en mayo de 2019, es decir que todo el proceso fue llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, los testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción son los que eligió Laura Alonso cuando estaba al frente del organismo. Este lunes se produjo entonces el contrasentido de que un testigo de la acusación desbarató las imputaciones sobre las que tenía que pronunciarse. Las expectativas de los acusadores eran que Alvarez dijera que las obras se metieron por la ventana, que se votaron bajo presión, que Cristina Kirchner estaba detrás de toda la supuesta maniobra, que siguieron un trámite distinto al de las obras realizadas en otras provincias e irregularidades parecidas.

En concreto, Alvarez es un técnico de la Comisión de Presupuesto que durante décadas se dedicó a supervisar que las obras cumplan con todos los requisitos, que se ajusten a la normativa vigente. Esa Comisión, que es la de más miembros (49 integrantes), es la que lleva al plenario el plan de obras para el año siguiente y que, obviamente, figura en el presupuesto. De las rees participan no sólo diputados sino también senadores.

El asesor contó que no hubo ninguna anormalidad con las obras realizadas en la provincia de Santa Cruz. En general, el plan de rutas de todo el país ya venía aprobado por el Banco de Proyectos de Inversión, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. Pero luego, en la Comisión, se producían las propuestas de incorporaciones de obras, que es una especie de pelea de cada provincia para que les aumenten las obras que tienen asignadas. Nadie se quejó en aquel momento, todo se hizo como en los años anteriores y los años posteriores a los gobiernos kirchneristas. Según Alvarez, en la etapa de 2003 a 2015 no se incorporaron anormalmente obras para Santa Cruz.

El funcionario también sostuvo que no se hacían controles de precio de cada obra porque la Comisión se limitaba a verificar que cumplieran con el presupuesto, pero que había un control del que se ocupaba la Auditoría General de la Nación, que es un órgano del Congreso y que encabezaba un opositor, el fallecido Leandro Despouy. Pero, también, el especialista dijo que había otro órgano de control, "que pocos conocen, la Bicameral de Fiscalización de los Gastos del Estado, que cada año aprueba el ejercicio anterior". En todos los casos, hubo aprobación.

Alvarez recordó que de vez en cuando llegaban reclamos por las demoras. Sin embargo, afirmó que recordaba atrasos en Neuquén y en las provincias del norte del país, no en Santa Cruz. En su momento, Vialidad Nacional, cuando ya estaba bajo la conducción de un hombre de confianza de Macri, Javier Iguacel, convocó a dos ingenieros y un contador, que hicieron un informe en el que se consignó que los atrasos en la obra pública de Santa Cruz fueron los normales, muy similares a los que suelen ocurrir en otros distritos. También concluyeron que no se pagó nada que no se hubiera construido --apenas hubo un 0,1 por ciento de diferencia entre ambos registros-- y que lo hecho fue de buena calidad.

El asesor reiteró que tras el tratamiento en la Comisión de Presupuesto cada obra se votó --como es habitual-- en las dos cámaras. Alvarez señaló que no hubo objeciones a ninguno de los procesos a lo largo de los doce años de administración kirchnerista.


Como se sabe, una vez votadas las obras en el Congreso Nacional, la licitación, la adjudicación y el control de la obra se realizaba en cada una de las provincias. Las acusaciones en este caso tienen que ver con que en 51 de las 81 obras viales de Santa Cruz ganaron las licitaciones empresas que tenían a Lázaro Báez como accionista. La imputación sostiene que fueron maniobras de corrupción, mientras que las defensas afirman que ninguna otra empresa tenía los 5 mil empleados, las máquinas suficientes y el know-how para realizar las obras en un terreno inhóspito como el santacruceño. Además, muy pocas constructoras querían trasladar su personal y sus máquinas a miles de kilómetros de sus sedes, con la restricción de cinco meses en los que no se puede trabajar por el frío y el viento y por las dificultades que tiene, también por el clima, la construcción en sí misma. Por otro lado, las defensas afirman que el mismo fenómeno de las empresas dominantes en una provincia, se dio --y se da-- en la mayoría de los distritos.

La otra acusación gira en torno a supuestos sobreprecios. El peritaje oficial, realizado por un ingeniero, Eloy Pablo Bona --que en las redes sociales desplegaba enorme ferocidad contra Cristina Kirchner--, afirma que existieron sobreprecios. En el mismo sentido se pronunció el perito de la fiscalía, Roberto Panizza. Del lado de enfrente, el extenso trabajo de la especialista convocada por la defensa, Adriana Alperovich, consideró que en cuatro de las cinco obras tomadas como muestra, los precios estuvieron por debajo de los presupuestos calculados, mientras que en la obra restante sólo hubo un 3,12 por ciento por encima de lo presupuestado.

Martes, 25 de agosto de 2020